La Comisión Europea publicará en los próximos meses la propuesta legislativa de la futura Circular Economy Act (CEA), una normativa que se perfila como una pieza clave del Clean Industrial Deal y de la Brújula para la Competitividad del mandato 2024-2029. Con esta iniciativa, la UE quiere duplicar el uso de materiales circulares hasta alcanzar el 24 % en 2030 y situar la circularidad en el centro del mercado único, la resiliencia industrial y la autonomía estratégica europea. La ley establecerá un marco común europeo en el que se armonicen definiciones y normativas clave sobre residuos, materiales secundarios y responsabilidad de los productores; al mismo tiempo, simplificará la legislación vinculada a los productos, los residuos y el mercado interior.

La CEA debería convertirse en un instrumento para la competitividad y permitir:

• – acelerar la transición de la UE, que sigue siendo un 90 % lineal, hacia la economía circular;
• – establecer normas más simples, claras y digitales para las materias primas secundarias y los residuos, con el fin de armonizar el mercado europeo y reducir costes;
• – aumentar la cantidad de residuos recogidos selectivamente y mejorar la disponibilidad y calidad de los materiales secundarios;
• – incrementar la incorporación de materiales secundarios en los productos;
• – reforzar la capacidad europea de recogida, clasificación y reciclaje;
• – y reducir la generación de residuos.

La propia Comisión Europea señala que la relevancia estratégica de la CEA radica en su potencial para hacer frente a los retos de seguridad económica, crisis ambiental y competitividad industrial.

Abordará retos que hoy centran el debate político europeo

El modelo de economía circular busca romper con el modelo tradicional basado en extraer, producir, usar y desechar, manteniendo los recursos en circulación el mayor tiempo posible. El objetivo es doble: reducir los impactos ambientales y aumentar la resiliencia económica de Europa disminuyendo la dependencia de materiales vírgenes y de cadenas de suministro globales inestables.

En este contexto, la ley deberá abordar diversos retos estructurales que hoy se sitúan en el centro del debate político europeo:

• – La seguridad material y las materias primas críticas. La UE depende en gran medida de terceros países para obtener recursos estratégicos, lo que la sitúa en una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, importa casi el 100 % de las tierras raras pesadas, principalmente de China. Aunque el Reglamento europeo de Materias Primas Críticas establece que el 25 % del consumo europeo de materiales estratégicos debería proceder del reciclaje, las tasas actuales de reciclaje de materiales como el litio o las tierras raras siguen por debajo del 1 %. La futura ley deberá crear las condiciones necesarias para que recuperar estos materiales sea económicamente viable.
• – La fragmentación del mercado único. Actualmente faltan criterios armonizados para determinar cuándo un residuo deja de ser residuo y pasa a considerarse un producto o un material reutilizable. Esta falta de armonización genera inseguridad jurídica y dificulta la circulación de materias primas secundarias entre países europeos.
• – La necesidad de reducir el consumo de recursos. Según el informe State of the Environment 2025, el volumen de residuos y el consumo de materiales en la UE se sitúan por encima de los límites sostenibles. A pesar de los avances en reciclaje, la circularidad no podrá alcanzarse únicamente reciclando más: también será necesario reducir el consumo global de recursos y desacoplarlo del crecimiento económico.
• – La brecha de precio y calidad entre materiales vírgenes y reciclados. Con frecuencia, los materiales reciclados tienen un coste superior al de los materiales vírgenes o se perciben como materiales de menor calidad. Esto debilita su demanda y dificulta la viabilidad económica del reciclaje. Uno de los grandes retos de la Circular Economy Act será conseguir que tanto el uso como la producción de materiales reciclados de alta calidad sean económicamente atractivos.
• – La gobernanza de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Estos sistemas obligan a los productores a asumir la responsabilidad económica y/o organizativa de la gestión de los productos al final de su vida útil. Sin embargo, el modelo actual suele priorizar la reducción de costes frente a los resultados ambientales y circulares.
• – Los riesgos para la salud asociados al reciclaje. Los procesos de reciclaje también plantean retos vinculados a la salud y al medio ambiente, como la toxicidad química o la emisión de microplásticos.

La CEA representa una oportunidad urgente para que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales refuercen las políticas de competitividad, descarbonización industrial y resiliencia económica de cara a los próximos años.